Ángeles González Sinde, la ministra que amaba Internet

Antes de jurar el cargo como nueva ministra de cultura, Ángeles González Sinde, la presidenta de la Academia de Cine de verbigracia y discursos ingeniosos, ya está en el punto de mira. Y lo es porque este paradigma de la sosería e insipidez humana que esconde una alimaña con sed de sadismo se ha ido granjeado enemigos dentro del mundo de Internet gracias a sus declaraciones monotemáticas o sus admoniciones infundadas y vacuas, así como a una reiterativa pesadumbre de discurso sobre la ‘piratería’ y sus riesgos, primero en el cine español, que ella parece conocer por provenir de él y luego, en segundo término, sin mucha preparación para hablar de ello y dando menos importancia, del resto de la cultura. Cuando más era necesario abogar por una persona con capacidad de innovación, conocedora del medio y equilibrada en su función de defensa de los derechos tanto de los creadores, como de internautas, así como de los ciudadanos en general, colocan a una mujer que, con sus conocidas frases radicales y trasnochadas, va a desembocar en un atentado contra la sociedad de la información, que tendrá más consecuencias negativas en la cinematografía y la sociedad española que ventajas. Es más fácil cargar contra nuevos modelos estructurales que asocien el derecho del autor con las nuevas tecnologías o abogar por un proteccionismo extremo antes que buscar soluciones reales.

Es la actitud de alguien cree que Internet únicamente se utiliza para descargar películas o música y que piensa que el canon que pagamos todos, el mismo que sale de los bolsillos de gente que utiliza los mecanismos de almacenaje para guardar trabajos y documentos, es insuficiente. La cultura, desde ayer, se reduce a una sola cuestión: la piratería. Por supuesto, la FAPAE y la SGAE ya se están frotando las manos. Y el mundo de Internet se ha echado las manos a la cabeza por la despótica y arbitraria época a la que parece avocada la red. Sólo esperemos que cualquier derecho constitucional no sea aplastado por un decreto-ley unilateral e imperativo.