miércoles, 8 de abril de 2009

Ángeles González Sinde, la ministra que amaba Internet

Antes de jurar el cargo como nueva ministra de cultura, Ángeles González Sinde, la presidenta de la Academia de Cine de verbigracia y discursos ingeniosos, ya está en el punto de mira. Y lo es porque este paradigma de la sosería e insipidez humana que esconde una alimaña con sed de sadismo se ha ido granjeado enemigos dentro del mundo de Internet gracias a sus declaraciones monotemáticas o sus admoniciones infundadas y vacuas, así como a una reiterativa pesadumbre de discurso sobre la ‘piratería’ y sus riesgos, primero en el cine español, que ella parece conocer por provenir de él y luego, en segundo término, sin mucha preparación para hablar de ello y dando menos importancia, del resto de la cultura. Cuando más era necesario abogar por una persona con capacidad de innovación, conocedora del medio y equilibrada en su función de defensa de los derechos tanto de los creadores, como de internautas, así como de los ciudadanos en general, colocan a una mujer que, con sus conocidas frases radicales y trasnochadas, va a desembocar en un atentado contra la sociedad de la información, que tendrá más consecuencias negativas en la cinematografía y la sociedad española que ventajas. Es más fácil cargar contra nuevos modelos estructurales que asocien el derecho del autor con las nuevas tecnologías o abogar por un proteccionismo extremo antes que buscar soluciones reales.
Es la actitud de alguien cree que Internet únicamente se utiliza para descargar películas o música y que piensa que el canon que pagamos todos, el mismo que sale de los bolsillos de gente que utiliza los mecanismos de almacenaje para guardar trabajos y documentos, es insuficiente. La cultura, desde ayer, se reduce a una sola cuestión: la piratería. Por supuesto, la FAPAE y la SGAE ya se están frotando las manos. Y el mundo de Internet se ha echado las manos a la cabeza por la despótica y arbitraria época a la que parece avocada la red. Sólo esperemos que cualquier derecho constitucional no sea aplastado por un decreto-ley unilateral e imperativo.